jueves, 13 de noviembre de 2014

Legalcores logra la absolución de un matrimonio acusado de delito societario y apropiación indebida

Legalcores Abogados ha conseguido la libre absolución de un matrimonio juzgado por delito societario continuado y apropiación indebida. Eduardo V.C. y María Dolores F.O. fueron acusados de acciones fraudulentas en la gestión de la empresa Cimentaciones y Estructuras de Sanlúcar, que había sufrido unas desvariaciones en sus cuentas bancarias que hicieron sospechar a su propietario de la gestión de sus trabajadores.

Según la información publicada en el Diario de Jereztanto Eduardo como María Dolores se enfrentaban a tres años y seis meses de prisión por delito societario continuado. Para Eduardo se pidió por delito de apropiación indebida en concepto de autor, cuatro años y seis meses de prisión más una multa de quince euros diarios durante diez meses con responsabilidad penal subsidiaria en caso de impago. 

Por este mismo hecho, para su esposa, en concepto de cooperación, se pidió dos años y seis meses. La Fiscalía solicitará que ambos indemnicen a CES con 284.846 euros, además de aportar la cuantía en la que se tasen los perjurios a la empresa.

Audiencia provincial de Cádiz.

Pero finalmente el juez de la Sección Primera de la Audiencia Provincial consideró a Eduardo y a su esposa, que colaboró a petición de su marido en varias operaciones, como inocentes. 

Durante la celebración del juicio, los letrados de la defensa, Miguel Ángel Esteban y David Rodríguez Suárez, llamaron a testificar al perito Juan Carlos González. Según los trabajos técnicos de este último, las rúbricas de las personas finalmente declaradas inocentes fueron falsificadas para firmar pagarés y letras de cambio. Eduardo era considerado por su anterior socio una persona apta para controlar las cuentas y delegó en él tal responsabilidad de 2000 a 2007. 

David Rodríguez, abogado de Legalcores. 


Una de las controversias surgió por la compra de la finca 'El Agostado', en Sanlúcar, que se hizo a nombre de la esposa de Eduardo por problemas con Hacienda tanto del propietario de CES como de Eduardo. Los usos a los que fue destinada esta finca y su posterior venta a otra empresa con la que CES tenía deudas crearon algunas de las suspicacias que la acusación lanzó como argumento durante el juicio. 


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